La resolución se puso en marcha tras un convenio rubricado entre la ex secretaría de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de alcanzar los más altos niveles de protección de derechos de adolescentes en conflicto con la ley penal.
