31 Oct 2013 06:03 pm | La Néstor Vive
Tenemos Ley de Medios de la Democracia!
Por fin llegó el día. Después de una larga y ardua espera de más de cuatro años, producto de una ignominiosa dilación judicial, entró en plena vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley tan ansiada como resistida, una ley que constituye un punto de inflexión, un antes y después, en la historia de nuestra democracia. La ley en cuestión fue debatida, hace cuatro años atrás, como ninguna otra ley desde la vuelta de la democracia, ya que pasó por incontables foros de discusión y por diferentes organismos de la sociedad civil en distintas regiones del país antes de ser aprobada por amplísima mayoría en el Congreso de la Nación, con los votos del oficialismo y de buena parte de la oposición. Después de ser sancionada por el Poder Legislativo, la normativa fue reglamentada por el Ejecutivo y convalidada por el Poder Judicial. Aún así, hubo que esperar cuatro años debido a una medida cautelar impuesta por un grupo económico y defendida por aquellos que dicen ser portadores de los valores republicanos pero no tienen problemas en pasar por encima de los tres poderes de la República cuando sienten afectados sus intereses.
La importancia histórica de esta ley tiene que ver con el lugar central que ocupan la información y la comunicación en el mundo actual. Es imposible, lo sabemos, pensar en la complejidad de las sociedades contemporáneas sin pensar en el papel fundamental que cumplen en ellas los medios de comunicación. Son ellos los que ejercen una influencia decisiva sobre la vida de las personas, configurando nuestra realidad cotidiana y condicionando nuestros modos de hacer, de decir y de pensar. El problema comienza cuando, como sucede en buena parte de América Latina, el mercado de la comunicación presenta un altísimo grado de concentración, con corporaciones que monopolizan la emisión de noticias y de información aprovechando su posición de privilegio no sólo para formar corrientes de opinión y construir sentido común sino también para imponer un discurso único y ponerle condiciones al poder político, confundiendo libertad de prensa con libertinaje de empresa.
El Grupo Clarín, en nuestro país, constituye el ejemplo más representativo de este cuadro. Construyó su enorme poder a base de extorsiones, amenazas, contratos espurios y concesiones del gobierno de turno. Le canjeó a la dictadura genocida su silencio cómplice a cambio del monopolio del papel de diario, fue un actor central en el golpe de mercado al ex presidente Raúl Alfonsín y, luego, en la década del 90, destruyó a la competencia en el interior del país a través del control monopólico del fútbol. Comenzó siendo un diario con buenas ventas y terminó siendo un imperio comunicacional que, hasta hace poco, decidía por encima del poder político, poniendo y sacando funcionarios, y presionando a los gobiernos para que instrumentasen políticas funcionales a sus intereses económicos. Néstor Kirchner fue el primer Presidente que, en el marco de la recuperación de la capacidad de decisión soberana del Estado, se plantó frente al poder económico-mediático y lo desenmascaró.
Hoy, gracias al proceso de concientización que Néstor puso en marcha, la mayoría de nosotros sabemos que el Grupo Clarín, a pesar de que todavía quiera esconderse bajo la bandera del periodismo independiente, no es otra cosa que un actor político con intereses concretos, un actor político muy poderoso que, como dijo alguna vez un dirigente radical, “ataca como partido político pero se defiende con la carta de la libertad de prensa”. Por eso, la nueva ley de medios no sólo viene a reemplazar a la anacrónica legislación sobre radiodifusión sancionada durante la última dictadura cívico-militar sino que viene, fundamentalmente, a reparar injusticias y desigualdades, viene a regular el espacio comunicacional sin guiarse por una lógica exclusivamente mercantil, dejándole espacio a los medios sin fines de lucro con el objetivo de ponerle fin a la concentración mediática, de aumentar la producción de contenidos culturales y de redistribuir de forma equitativa la palabra, asegurando la competencia para garantizar la pluralidad de voces y de opiniones.
Si bien es cierto que en estos últimos diez años fueron promulgadas muchas leyes históricas que, en la práctica, redundaron en una ampliación casi sin precedentes de derechos políticos, civiles, sociales y laborales, también es cierto que esta ley no es una ley más. Se trata de una ley que profundiza y fortalece la democracia, que robustece la libertad de expresión, que revaloriza el sentido de lo público y que, de esta manera, convierte a nuestra sociedad en una sociedad más libre y más justa que ayer.
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