DOSSIER

Pedro Hooft: un juez de la Dictadura

VIERNES 10 DE ENERO DE 2014 13:27

Acusado de rechazar habeas corpus de familiares de víctimas y de visitar centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, el juez en lo criminal de Mar del Plata, Pedro Hooft, lleva ocho años evadiendo la Justicia con maniobras dilatorias de todo tipo. Los querellantes en la causa, esperan poder avanzar en el enjuiciamiento de este juez de la dictadura.

Caso Hooft: Lesa Humanidad en Mar del Plata

César Sivo: "Visitaba centros clandestinos sabiendo que había personas ilegalmente detenidas"

Diego Morales (CELS): "El rechazo masivo de habeas corpus complementaba el accionar represivo"

Jorge Auat: "La suspensión de sus funciones arrastra la suspensión de los fueros"

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Por Nahuel Placanica

El caso del juez Pedro Hooft resulta paradigmático en lo que hace a procesos de investigación judicial de funcionarios supuestamente vinculados con la última dictadura militar. Con un listado de acusaciones en su contra que van del incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta su rol como partícipe necesario en privaciones ilegales de libertad y desapariciones forzosas, este magistrado ha sabido dilatar su situación procesal durante ocho años.

Los fueros que le concede su condición de juez, a pesar de haber sido suspendido de sus funciones por un tribunal de enjuiciamiento en 2013, le han permitido sortear las citaciones a indagatoria.

En el recorrido judicial, Hooft no sólo se ha valido de esta excepcionalidad, sino que ha hecho uso y abuso de mecanismos procesales para frenar y obstruir el trabajo de la Justicia. Recusaciones, apelaciones, operaciones mediáticas y hasta denuncias contra los querellantes forman parte del abanico de opciones al que ha recurrido en estos ocho años.

En el mes de marzo de este año, se espera que el tribunal de enjuiciamiento a cargo del Jury se reúna finalmente para remover en forma definitiva a Hooft de su cargo y poder así, avanzar en la causa penal por los delitos de lesa humanidad. César Sivo, abogado en la causa, lo explica en estos términos:
“La causa penal va avanzando pero no se pueden tomar medidas de coacción, entonces lo citan a indagatoria y no comparece y no se lo puede detener. En esta doble carrilera se desenvuelve todo”.

Para el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, la suspensión de funciones implica la suspensión de los fueros. "Los fueros no son personales sino funcionales, los tiene la investidura del juez, insisto, no es personal. Por esta razón, al no estar en ejercicio de sus funciones y estar suspendido, los fueros también lo están", explica.

Democratizar la Justicia

Las investigaciones sobre la complicidad de los miembros del Poder Judicial con la última dictadura militar, han atravesado distintas etapas desde el retorno de la democracia hasta estos días. El abogado del CELS, Diego Morales, identifica tres momentos.

El primer periodo, se encargó de ratificar en sus cargos, via Cámara de Senadores, a aquellos magistrados sobre los que no pesaban acusaciones. El segundo periodo, se inaugura con las leyes de Obediencia Debida y se complementa con los indultos. En esta etapa, reina la impunidad. La tercera comienza en 2005-2006, cuando se empieza a indagar en las responsabilidades de los funcionarios judiciales.

Para Morales, el comportamiento dentro del Poder Judicial fue bastante dispar. “Hay 24 jueces procesados, 17 denunciados y 8 con falta de mérito. No es algo para generalizar sino que hay que  indagar en cada caso concreto cómo fue el comportamiento de estos jueces”.

Como legitimadores del horror o como partícipes directos del mismo, varios fueron los magistrados cómplices del aparato represivo. Muchos de ellos, continúan en sus cargos impunemente, firmando expedientes, emitiendo fallos y decidiendo sobre el destino de las personas. Si hablamos de democratizar la Justicia, resulta indispensable remover a estos elementos reaccionarios y juzgarlos por sus delitos.