APROPIACIÓN DE PAPEL PRENSA
LUNES 20 DE ENERO DE 2014 10:24
Lo afirmó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. El Juzgado Federal número 10 a cargo de Julián Ercolini lleva adelante la causa. “Daría la impresión que el juez Ercolini no se enteró que en Argentina hubo una dictadura cívico militar".
“La causa se encuentra paralizada y pareciera que el juez (Julián) Ercolini la tiene cajoneada. Como querellantes, aportamos importantes medidas de prueba a lo largo de 2013, pero no se verifican avances. Hay una inacción que resulta preocupante”, señaló Fresneda en declaraciones periodísticas.
“Cuando finalice la feria judicial vamos a presentarnos ante el Juzgado y trataremos de desarrollar un estrategia más intensa para producir avances en el expediente”, afirmó.
“No hay motivos para seguir demorando estas indagatorias”, dijo en referencia a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, integrantes del directorio de Clarín, y Bartolomé Mitre, copropietario de La Nación, quienes están acusados de haber impulsado la apropiación. “Estas personas deben declarar y eso permitiría iniciar el camino hacia la verdad”, fundamentó el funcionario.
“Daría la impresión de que el juez Ercolini no se enteró que en Argentina hubo una dictadura cívico militar. Es necesario que haya avances para incluso determinar si los acusados son culpables o no. Tampoco es justo para ellos este estado de indefinición”, subrayó.
“No hay tiempo para más especulaciones políticas. Estamos ante una denuncia sobre hechos de lesa humanidad. Esperemos que este año tengamos novedades y comience a hacerse justicia”, concluyó.
“Cuando finalice la feria judicial vamos a presentarnos ante el Juzgado y trataremos de desarrollar un estrategia más intensa para producir avances en el expediente”, afirmó.
“No hay motivos para seguir demorando estas indagatorias”, dijo en referencia a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, integrantes del directorio de Clarín, y Bartolomé Mitre, copropietario de La Nación, quienes están acusados de haber impulsado la apropiación. “Estas personas deben declarar y eso permitiría iniciar el camino hacia la verdad”, fundamentó el funcionario.
“Daría la impresión de que el juez Ercolini no se enteró que en Argentina hubo una dictadura cívico militar. Es necesario que haya avances para incluso determinar si los acusados son culpables o no. Tampoco es justo para ellos este estado de indefinición”, subrayó.
“No hay tiempo para más especulaciones políticas. Estamos ante una denuncia sobre hechos de lesa humanidad. Esperemos que este año tengamos novedades y comience a hacerse justicia”, concluyó.
La causa
La Secretaría de Derechos Humanos es querellante en la causa en la que se investiga la apropiación de la empresa Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en 1977, en una maniobra que habría contado con la complicidad de la dictadura cívico militar.
La empresa en cuestión era una sociedad fundada por el financista David Gravier, que murió en un accidente aéreo ocurrido en México, en 1976, y tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y Rafael Ianover.
Tanto Papaleo como Ianover, que fueron secuestrados por agentes de la dictadura, son querellantes particulares que reclaman, junto con el Estado, que la Justicia establezca si fueron presionados para ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad formada por los tres diarios y auspiciada por el gobierno del dictador Jorge Rafael Videla.
La última medida significativa que se produjo en esta causa, iniciada en 2010, tuvo que ver con el rechazo de la Sala Primera de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires sobre un pedido de unificación de las tres querellas en una, tal como lo exigía Ercolini.
La empresa en cuestión era una sociedad fundada por el financista David Gravier, que murió en un accidente aéreo ocurrido en México, en 1976, y tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y Rafael Ianover.
Tanto Papaleo como Ianover, que fueron secuestrados por agentes de la dictadura, son querellantes particulares que reclaman, junto con el Estado, que la Justicia establezca si fueron presionados para ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad formada por los tres diarios y auspiciada por el gobierno del dictador Jorge Rafael Videla.
La última medida significativa que se produjo en esta causa, iniciada en 2010, tuvo que ver con el rechazo de la Sala Primera de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires sobre un pedido de unificación de las tres querellas en una, tal como lo exigía Ercolini.
No hay comentarios:
Publicar un comentario