SUTILISIMA

La democratización de la Justicia está en marcha

La propia dinámica del Kirchnerismo nos ha demostrado una vez más la esencia de este proyecto político nacional y popular, donde una “batalla” le abrió lugar a otra, comprobando que este movimiento es capaz de generar “varios frentes” al mismo tiempo para emprender las transformaciones necesarias para seguir el camino hacia una patria libre, justa y soberana.

Las escandalosas resoluciones judiciales de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal referentes a la aplicación de la Ley de medios ocurridas en diciembre de 2012, que favorecieron groseramente al grupo Clarín, dieron lugar a que se empiece a hablar de la “democratización de la justicia”.

Esto implicó abrir otro frente de conflicto con el poder más conservador, reaccionario  y corporativo del estado nacional, que históricamente gozó no sólo de protección política, sino también mediática.

Por supuesto, el hecho no quedó en meros reclamos del Ejecutivo y miembros del Poder Legislativo, sino que por primera vez en la historia la posibilidad cierta y efectiva de una transformación del poder judicial aparece como real. 

Si bien luego de los episodios mencionados, a través del movimiento “Justicia Legítima” una gran cantidad de jueces, fiscales, defensores oficiales, funcionarios y empleados del Poder Judicial, comenzaron a debatir reformas tendientes a una democratización de la justicia, hecho histórico y sin precedentes, lo cierto es que por las características corporativas y reaccionarias de este poder, las transformaciones más importantes deberían venir del Poder Ejecutivo y Legislativo, pues más allá de existir este grupo con voluntad de cambio, el Poder Judicial por sí solo no cederá privilegios y prerrogativas, ni realizará grandes cambios.

Por ello, como era de esperar, al abrir las sesiones ante la asamblea legislativa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció una serie de medidas tendientes a lograr una democratización efectiva de la justicia argentina.

Entre ellas, se destacan lo referente a la elección de los miembros del Consejo de Magistratura. Este órgano creado con la reforma constitucional del año 1994, tiene entre sus funciones, la selección de jueces y fiscales (para luego presentar la terna correspondiente al ejecutivo), la administración del Poder Judicial, como así también dar inicio al proceso de destitución de jueces y fiscales, a través del juicio político.   

 El proyecto que se enviará al congreso prevé que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por voluntad popular, es decir que los representantes de cada sector que lo componen (jueces, abogados y académicos) sean elegidos por el pueblo, dándole una mayor transparencia a esta dependencia. 

Vale destacar que también componen el Consejo, representantes de ambas cámaras legislativas y un representante del Poder Ejecutivo.

También se destaca el proyecto para que todos los que aspiran ingresar al Poder Judicial lo hagan a través de concursos públicos, es decir por su idoneidad y no por ser “pariente de..” o “familiar de …”. Este es el primer paso para terminar de una vez por todas con la llamada “familia judicial”, que generó una composición elitista de este poder a lo largo de toda su historia.

Resulta interesante también la creación de las Cámaras de Casación en lo Civil y Comercial, en lo Contencioso Administrativo y en lo Previsional y Laboral, recordemos que existe la Cámara Nacional de Casación Penal, que actúa como segunda instancia en materia penal, luego de que un tribunal oral dicta una sentencia (absolutoria o condenatoria).

Estas nuevas cámaras actuarán como tercera instancia (la segunda instancia es la Cámara de Apelaciones del fuero pertinente), por lo cual su creación está destinada principalmente a alivianar el trabajo de la Corte, para que de esta manera quede avocada solamente a tratar las cuestiones constitucionales.

 La creación de un registro público sobre los expedientes en trámite, como la publicidad de las declaraciones juradas de todos los integrantes del Poder Judicial, aportará más transparencia.

Dentro de la batería de medidas anunciadas por la presidenta, aparecen dos que tendrán importancia medular dentro de todas las ya mencionadas. Una es la referente a la regulación de las medidas cautelares. La otra es la creación de una “ley de responsabilidad del estado” dado que tal como expuso nuestra Presidenta, en los tiempos que corren, este no puede ser tratado igual que a una empresa privada.

Pero una apreciación mejor de estas dos medidas se podrá observar cuando se conozcan los proyectos que serán tratados en el Congreso Nacional, y los alcances que tendrán.

Por último, respecto a la eximición que tienen hoy en día los jueces, fiscales, defensores y algunos funcionarios de no pagar el impuesto a las ganancias, la Presidenta le “pasó la pelota” a la Corte Suprema, dado que esta eximición la tienen a raíz de una acordada del año 1996 de la Corte menemista, mediante la cual dejaron sin efecto una ley nacional que los obligaba a pagar el impuesto aludido.

Ahora el pueblo sabe que la decisión la tienen los jueces supremos, por lo cual son ellos quienes mediante la derogación de la acordada deberán imponer el pago del impuesto a las ganancias por parte de los integrantes del Poder Judicial.

Esto es un paso elemental, más allá de que el dinero extra que se recaudará no implica un aumento exponencial para la recaudación del estado, lo cierto es que de concretarse esta reforma, la misma tendría un valor simbólico de enormes proporciones, ya que se daría el primer paso para empezar a igualar tributariamente a los integrantes de este poder al resto de la sociedad, y así terminar con algunos de los privilegios de los que gozan.

Todas estas reformar venideras, se suman a otras dos que están en camino de una gran importancia, por un lado la reforma del Código Civil y Comercial. Luego de numerosos intentos efectuados por gobiernos anteriores, y con un debate a nivel nacional inaudito como se hizo con la ley de medios, se está discutiendo en el Congreso Nacional una transformación esencial del código que rige la mayoría de las relaciones humanas.

Por otro lado, no debemos olvidar que el pasado año la presidenta firmó un decreto a través del cual designó una comisión compuesta por el Juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, y los diputados Federico Pinedo y Ricardo Gil Laavedra, para emprender una reforma integral del Código Penal, que hoy en día poco tiene de código por la gran cantidad de reformas y leyes especiales que se le fueron anexando, quitándole toda coherencia, generando además que en ciertos casos los jueces apliquen las normas bajo su libre interpretación.

La tarea que se emprende no es fácil, queda mucho aún, recordemos que es el poder que jamás sufrió una seria transformación, se mantuvo incólume desde sus orígenes, por lo cual la resistencia a los cambios será ardua.  

Tenemos fe que las medidas anunciadas ayer por nuestra jefa son las primeras de una reforma integral, viene al caso señalar que es necesario la implementación del juicio por jurados para el juzgamiento de ciertos delitos y de esta manera permitir la participación popular en las decisiones judiciales, se necesita avanzar sobre la oralidad en los procesos, sobre todo en el fuero civil, comercial y laboral, para no solo agilizar los trámites de los expedientes, sino para que todos podamos ver a los actores involucrados, y que no se “escondan” detrás de escritos y resoluciones judiciales.

Por otro lado, el Código Procesal Penal de la Nación; aplicado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires para aquellos delitos cometidos en esa jurisdicción (salvo los 20 delitos que fueron transferidos al fuero de la ciudad que tiene un código procesal propio); requiere una reforma integra urgente, por ejemplo no se puede sostener hoy en día que en la mayoría de los casos la investigación este en cabeza del Juez de instrucción, y no del Fiscal.

Como se dijo, se espera que estas sean las primeras de una gran cantidad de reformas esenciales para lograr una verdadera democratización de la justicia, y así el poder judicial este por primera vez en la historia al servicio del pueblo.

 

Por Sebastián Romero

Abogado. Militante de La Néstor Vive.