SOCIEDAD
VIERNES 17 DE ENERO DE 2014 09:48
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, viajó a Córdoba mientras la justicia local avanza en la investigación sobre el rol de las fuerzas policiales cordobesas en los saqueos de diciembre pasado.
“Nosotros estamos acá por decisión de la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner), porque no vamos a permitir que ninguna fuerza policial extorsione al poder político. Porque las armas que le dio la constitución son para defender los derechos de los ciudadanos”, remarcó el secretario de Estado en diálogo con la prensa.
El funcionario nacional explicó a los medios que su llegada a Córdoba se produjo como respuesta a un pedido realizado por el gobernador José Manuel de la Sota, quien ayer por la noche se comunicó con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para solicitar “trabajo conjunto” con el gobierno nacional debido a la reestructuración iniciada dentro de la policía de la provincia.
Berni definió a esa reestructuración como “un esfuerzo para avanzar en una seguridad democrática con mayor participación ciudadana”, al tiempo que explicó que esa decisión política “ha motivado algunos actos de inconductas y de otras actitudes por el avance del poder político en el control” del organismo de seguridad local.
El secretario de Seguridad nacional opinó además que la reestructuración democrática de la policía de Córdoba es “fundamental para transformar la realidad, para que no se repita lo que ocurrió el diciembre pasado”.
En ese contexto destacó el “esfuerzo que estamos haciendo”, tanto el Gobierno nacional como el provincial, “para avanzar en una seguridad democrática, donde el control político y la participación ciudadana son fundamentales para ir transformando esta realidad que no queremos volver a ver”.
“No queremos que se repita lo que hemos vivido en diciembre pasado. El gobernador (De la Sota) ha sido muy claro y estamos aquí para apoyarlo en estas transformaciones”, resaltó Berni al dialogar con la prensa.
El funcionario nacional explicó a los medios que su llegada a Córdoba se produjo como respuesta a un pedido realizado por el gobernador José Manuel de la Sota, quien ayer por la noche se comunicó con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para solicitar “trabajo conjunto” con el gobierno nacional debido a la reestructuración iniciada dentro de la policía de la provincia.
Berni definió a esa reestructuración como “un esfuerzo para avanzar en una seguridad democrática con mayor participación ciudadana”, al tiempo que explicó que esa decisión política “ha motivado algunos actos de inconductas y de otras actitudes por el avance del poder político en el control” del organismo de seguridad local.
El secretario de Seguridad nacional opinó además que la reestructuración democrática de la policía de Córdoba es “fundamental para transformar la realidad, para que no se repita lo que ocurrió el diciembre pasado”.
En ese contexto destacó el “esfuerzo que estamos haciendo”, tanto el Gobierno nacional como el provincial, “para avanzar en una seguridad democrática, donde el control político y la participación ciudadana son fundamentales para ir transformando esta realidad que no queremos volver a ver”.
“No queremos que se repita lo que hemos vivido en diciembre pasado. El gobernador (De la Sota) ha sido muy claro y estamos aquí para apoyarlo en estas transformaciones”, resaltó Berni al dialogar con la prensa.
Policías detenidos
La Justicia provincial ordenó allanamientos y detenciones de quienes actuaron materialmente en los saqueos durante diciembre. “Esperamos que se avance en la investigación para dar con los autores intelectuales”, recordó Berni en la conferencia. Además, fueron detenidos 17 policías por el acuartelamiento.
También, se pasó a disponibilidad a 5 jefes regionales y 4 efectivos policiales. Estas últimas separaciones motivó el reclamo de sus colegas y familiares. Ante el temor de un nuevo acuartelamiento, el Gobierno Nacional movilizó mil gendarmes hacia la provincia.
A la investigación sobre lo sucedido a fin de año se suman las denuncias que vinculan a sectores de la fuerza con el narcotráfico, lo que ya había generado cambios en la cúpula policial.
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